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Internet Social. Del dominio monopolista a la autogestión social
1ro de septiembre de 2008 - 11:59
Más allá de las posiciones apocalípticas de Paul Virilio y su El cibermundo, la política de lo peor – mentado por Fito en su última aportación- donde denuncia como el totalitarismo de la red reduce la humanidad a una especie de uniformidad igualitaria, pero antidemocrática (lo que Eduardo Subirats denomina nuevo totalitarismo electrónico, a propósito del enésimo intento por acabar con el proyecto moderno), lo cierto es que la capacidad que tiene la red para conectar(nos) está en peligro, acosada por la misma ideología que la domina: el capitalismo. No creo que Virilio se vea libre del fascismo digital si se excluye de la red de usuarios. Las prácticas de dominación que afectan a la red son las mismas que nos anegan la vida cotidiana. Estar dentro o fuera no supone liberarse de las contradicciones en las que inscribimos nuestra vida diaria. Se trata por tanto también de impedir la cancelación a la que se somete la red – las redes sociales en su sentido más amplio - y reinventar su potencial político, de igual modo que actuamos contra cualquier otra estrategia de precarización de la vida cotidiana.
En las últimas semanas, en diferentes medios de comunicación, nos hemos enterado de la aplicación de medidas para su control. Desde las modificaciones en la legislación francesa a los últimos acuerdos firmados en el pasado G-8 en Japón, todo parece encaminado hacia la anulación o entorpecimiento de los mecanismos de cooperación entre millones de personas y la distribución libre de contenidos.
El pasado 7 de julio el Comité del Mercado Interno y Protección del Consumidor votó en el Parlamento Europeo la reforma de la Ley europea de las Comunicaciones Electrónicas. Pudieron aprobarse varias enmiendas que hacían temer por el futuro de uno de los usos más habituales de internet. Las enmiendas instaban a frenar la calidad de la conexión cuando un proveedor de telecomunicaciones (ISP) detectase que el usuario estaba realizando intercambios no comerciales y a enviar advertencias automáticas para disuadir a los habituales de las redes P2P. De momento, aquellas enmiendas no se han aprobado, pero no nos engañemos, los ataques a las redes de pares se enmarcan en una estrategia compleja y contradictoria de los diferentes sectores implicados en la industria de producción de conocimiento, las Sociedades de Gestión de los Derechos de Autor en connivencia con algunos Gobiernos. Como dice Guillermo Zapata, miembro del colectivo “Conocimiento Pirata” en Alternativas: control del conocimiento; de la resistencia a la ofensiva publicado en el periódico Diagonal: “No se trata tanto de impedir el flujo libre de contenidos, como de criminalizarlo e imponerle una lógica de escasez que permita su posterior explotación. Se trata de construir un espacio entre la ‘cultura libre’ y la ‘cultura propietaria’ que es la de lo ‘disponible’, la del permiso, previo pago y regulado por normativas cada vez más restrictivas”.
En este sentido, una de las cuestiones claves para el futuro de Internet es la resolución que se vaya a tomar próximamente sobre el control de las redes de intercambio entre pares.
¿Cuándo España presida la UE, quién va a legislar el futuro del P2P?. En el actual Gobierno parece que las tensiones entre diferentes sectores implicados están representadas en dos maneras contrapuestas, escenificadas, a su vez, por sendos ministerios. César Antonio Molina, Ministro de Cultura, afirmaba hace poco: “se trata de centrar el foco principal de atención en la lucha contra los atentados a la propiedad intelectual que tienen lugar en el entorno digital”. Días después, el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, parecía distanciarse diciendo: “No aplicaremos restricción ni regulación alguna que impida la expansión o desincentive el uso de internet ni estableceremos límites a las herramientas de libre circulación de información”. Dos posiciones diametral y aparentemente opuestas que, además, obedecen a los intereses encontrados de los sectores económicos implicados en la resolución del conflicto. Sin embargo, a pesar de las posibles diferencias, la discusión gubernamental se ciñe, no tanto a una decisión política que legisle a favor de un Internet social en el marco del bien común -como correspondería a un gobierno que se proclama socialista- sino a cómo resolver pragmáticamente la continuación de determinados negocios, más o menos anacrónicos, sin menoscabo de la emergencia de otros vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías. Es decir, cómo acordar un marco legal que garantice el futuro negocio de la red y no tanto regular o favorecer su acceso, teniendo en cuenta su valor social. Se trata por tanto, sea como sea, de supeditar Internet a los intereses del beneficio económico y anular, en consecuencia, su potencial político.
Santiago Eraso
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